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La AMDE fue constituida hace más de 24 años por abogados especializados en materia energética. Pretendemos, con diversas actividades, promover el desarrollo y difusión del Derecho de la Energía en México a través de la investigación jurídica. Asimismo, somos un foro de discusión abierto y autónomo donde se ventilan académicamente los distintos aspectos jurídicos que son consecuencia natural del esquema de apertura propiciado por el Estado en materia energética.
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Nuevo marco regulatorio eléctrico en México:
análisis de ventajas y desafíos
Por: Roberto Ríos Artigas
y Guillermo Enrique Parra Arteaga
Introducción
El 4 de febrero de 2025, el Poder Ejecutivo del Gobierno Federal propuso un nuevo cuerpo regulatorio para el sector energético en México. La iniciativa por la que se crean ocho leyes secundarias en materia energética fue aprobada en lo general y en lo particular por el Senado de la República el 26 de febrero de 2025. En lo que hace al sector eléctrico, la Ley de la Industria Eléctrica de 2014 será sustituida por la Ley del Sector Eléctrico (LSE). La LSE redefine la estructura del Sistema Eléctrico Nacional, reafirma el control estatal sobre la planeación, transmisión y distribución de la electricidad, y permite la participación privada en generación y comercialización bajo ciertas condiciones. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá prevalencia y al menos el 54% de la generación eléctrica inyectada a la red cada año. Esta reforma ha generado expectativas y recelos: por un lado, sus ventajas en seguridad energética y orientación social resultan evidentes; por otro, la autonomía de los reguladores y la competencia en el mercado generan preocupaciones.
Ventajas de las iniciativas propuestas
La reforma pretende preservar la seguridad y autosuficiencia energética de México, asegurar la calidad, continuidad y confiabilidad del suministro, y fomentar la sostenibilidad con impulso a las energías limpias. Este enfoque otorga al Estado la responsabilidad de garantizar la confiabilidad y accesibilidad del servicio eléctrico. La planeación centralizada podría facilitar la expansión del sistema y permitir inversiones estratégicas en infraestructura crítica.
El nuevo marco regulatorio permite la inversión privada en generación mediante esquemas como la generación para el mercado eléctrico mayorista y el autoconsumo. Los privados podrán desarrollar proyectos de largo plazo donde CFE adquiera el 100% de la energía generada, así como proyectos de inversión mixta con una participación mínima del 54% para CFE. Estos mecanismos ofrecen certezas de venta de energía y agilizan trámites, lo que podría atraer inversión privada y fomentar el crecimiento industrial.
El despacho eléctrico seguirá un criterio de minimización de costos, lo que busca preservar la eficiencia en la operación del sistema. El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) continuará operando el mercado eléctrico y asignando carga con base en mérito económico. Esta continuidad otorga confianza a los inversionistas al mantener prácticas internacionales probadas de eficiencia.
La LSE garantiza que CFE provea el suministro básico, con el objetivo de ofrecer electricidad al menor precio posible.
El esquema de Certificados de Energía Limpia (CELs) permitirá recibir incentivos, lo que puede impulsar la transición energética.
Además, la reforma introduce el concepto de “justicia energética”, con el fin de reducir la pobreza energética y fomentar la participación de comunidades en proyectos energéticos.
Desafíos del Estado en la Garantía de Confiabilidad y Accesibilidad del Servicio Eléctrico
La Ley del Sector Eléctrico impone al Estado la responsabilidad directa de garantizar la confiabilidad y accesibilidad del servicio eléctrico en México, lo que plantea retos operativos, financieros y técnicos. CFE, en su papel de empresa pública predominante, deberá garantizar que al menos el 54% de la electricidad inyectada a la red provenga de sus propias centrales o de contratos estratégicos con privados. Sin embargo, esta obligación enfrenta tres complicaciones principales:
- Capacidad de generación y modernización de infraestructura. La infraestructura de generación de CFE requiere inversiones significativas para mantenerse eficiente y sostenible. Sin participación privada suficiente, el Estado deberá asumir costos elevados para actualizar plantas, construir nuevas unidades y garantizar un despacho óptimo de energía. La falta de inversión podría generar riesgos de desabasto y afectar la continuidad del servicio.
- Equilibrio financiero y tarifas asequibles. La LSE establece que el suministro básico solo podrá ser proporcionado por CFE, con el objetivo de ofrecer electricidad a precios bajos para la población. Sin embargo, esto podría generar presiones financieras si las tarifas no reflejan los costos reales de generación y distribución. En caso de subsidios insostenibles, el Gobierno enfrentará dificultades para mantener un servicio eléctrico económicamente viable sin afectar las finanzas públicas.
- Intermitencia de energías renovables y respaldo confiable. A pesar de la promoción de energías limpias, el sistema eléctrico requiere respaldo firme para garantizar estabilidad en el suministro. La CFE deberá coordinar el despacho de energías intermitentes con tecnologías de respaldo, lo que implica desarrollar sistemas de almacenamiento de energía y modernizar la red de transmisión y distribución. Si no se logran inversiones en infraestructura de respaldo, podrían ocurrir fallas en el suministro eléctrico o apagones en regiones con alta demanda.
En conjunto, la preponderancia estatal en la operación del sector eléctrico impone al Gobierno una carga considerable en términos de planeación, inversión y gestión operativa. Sin estrategias claras de financiamiento, expansión y optimización de recursos, el cumplimiento de estas responsabilidades podría verse comprometido, afectando tanto la confiabilidad del servicio como la confianza de los inversionistas en la estabilidad del sector.
Órganos reguladores energéticos: una visión crítica
La LSE elimina a los reguladores autónomos especializados y crea la Comisión Nacional de Energía (CNE), que asumirá las funciones de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos bajo la tutela de la Secretaría de Energía (SENER). Este cambio centraliza el control del sector en la SENER, lo que podría afectar la independencia regulatoria.
SENER coordinará a la CNE y designará a sus funcionarios, inclusive los miembros de su órgano de gobierno serán funcionarios de la SENER, lo que diluye los contrapesos regulatorios. Este diseño genera preocupaciones sobre la imparcialidad en la toma de decisiones. La falta de autonomía podría traducirse en reglas cambiantes según la administración en turno, lo que afectaría la confianza de los inversionistas.
Preponderancia de la CFE: impacto en la competencia y el mercado
La LSE establece que CFE generará al menos el 54% de la energía inyectada a la red. Para cumplir con este porcentaje, CFE utilizará su parque de generación y podrá incluir plantas privadas bajo contratos de venta total. Esta medida podría reducir el espacio de mercado para generadores privados y limita su acceso a nuevos contratos.
El despacho preferente de las plantas de CFE podría afectar la eficiencia del mercado. Si CFE opera centrales más costosas o contaminantes, el costo de generación aumentará y las emisiones se incrementarán. La menor competencia también podría afectar la innovación y la inversión en energías renovables.
Seguridad de las inversiones nacionales y extranjeras
La LSE garantiza la continuidad de contratos y permisos otorgados bajo la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley de la Industria Eléctrica, lo que ofrece certeza jurídica a inversionistas actuales. Sin embargo, la incertidumbre sobre los nuevos criterios de otorgamiento de permisos podría afectar la entrada de capital fresco.
El Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico vinculará la aprobación de permisos a la planificación de SENER, lo que genera dudas sobre la transparencia y objetividad en la asignación de proyectos. La preferencia hacia CFE podría derivar en conflictos con tratados internacionales de comercio e inversión.
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias como Ventaja para Inversionistas Extranjeros
Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) representan una ventaja clave para los inversionistas extranjeros que operan en el sector eléctrico en México. A través de mecanismos como el arbitraje internacional, la mediación y la negociación, los inversionistas pueden evitar largos litigios en tribunales locales y acceder a soluciones más eficientes, predecibles y técnicamente especializadas.
El arbitraje, amparado en tratados internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Acuerdo sobre Protección de Inversiones con la Unión Europea y el Convenio CIADI, otorga a los inversionistas extranjeros un recurso neutral en caso de disputas con el Estado mexicano. Además, la existencia de cláusulas de solución de controversias en contratos públicos y acuerdos de inversión permite que las empresas extranjeras resuelvan sus reclamaciones en foros internacionales, con la certeza de que sus derechos serán evaluados conforme a principios de derecho internacional y no únicamente bajo la jurisdicción mexicana.
Conclusiones y perspectivas futuras
Si bien la LSE no difiere en lo fundamental de lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica, el nuevo marco regulatorio eléctrico en México redefine la relación entre el Estado y el sector privado en virtud de la centralización del control en SENER y la prevalencia de CFE. La LSE busca fortalecer la seguridad energética y la planeación estratégica, pero también plantea retos en eficiencia, competencia y confianza de los inversionistas.
El éxito de la reforma dependerá de la implementación de la regulación secundaria, la transparencia en los procesos y la capacidad de CFE para operar de manera eficiente. Si el Gobierno logra equilibrar los intereses del sector público y privado, la LSE podría consolidar un modelo energético estable y sostenible.
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Acerca del autor:
Roberto Ríos Artigas es socio de la práctica de Desarrollo y Financiamiento de Proyectos de Infraestructura y Energía en DLA Piper México. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la materia, asesorando a desarrolladores, instituciones financieras, y entidades gubernamentales. Ha participado en el desarrollo y financiamiento diversos proyectos, incluyendo en materia de autopistas, agua, energía y ferroviarios.
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Guillermo Enrique Parra Arteaga, es estudiante en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es miembro del Programa de Excelencia Académica de la UNAM, miembro del Comité de Jóvenes de la AMDE y DLA PIPER.
Las opiniones e ideas expuestas en el presente son personales
y no reflejan la postura de la instituciones aquí mencionadas.
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