La senda del desarrollo económico en naciones con profundas asimetrías estructurales ha sido un tema central en el pensamiento latinoamericano. Raúl Prebisch, un influyente economista argentino y pionero de la teoría estructuralista, diagnosticó las economías periféricas como inherentemente heterogéneas, con enclaves modernos de alta productividad conviviendo con vastos sectores de baja productividad. Esta situación genera una distribución desigual del progreso técnico y el ingreso. Frente a este desafío y al deterioro crónico de los términos de intercambio, entendidos como la relación entre los precios de los productos que un país exporta y los precios de los que importa, que tendían a desfavorecer a las economías primarias, Prebisch postuló la necesidad de un Estado activamente rector, capaz de impulsar la "Industrialización por Sustitución de Importaciones" (ISI) y dirigir la inversión en infraestructura para superar las limitaciones del mercado, es decir, la incapacidad del libre mercado por sí solo para corregir desequilibrios estructurales y generar desarrollo equitativo, y fomentar un desarrollo autónomo, un crecimiento económico que no dependiera exclusivamente de la exportación de materias primas ni de las decisiones de las economías centrales.

Estas ideas encontraron una aplicación exitosa y adaptada en México a través del modelo del "Desarrollo Estabilizador" (1958-1970), orquestado principalmente por Antonio Ortiz Mena. Este periodo, conocido como el "Milagro Mexicano", no solo adoptó la ISI y el papel protagónico del Estado en la inversión y la planeación económica, sino que le añadió un componente crucial: la estabilidad macroeconómica. Mediante un estricto control sobre el gasto público y la contención de la inflación, el gobierno generó un ambiente de confianza que atrajo inversión y propició un crecimiento constante del PIB. La participación activa y exitosa del Estado fue palpable, sobre todo en el sector eléctrico, donde la nacionalización de la industria y las cuantiosas inversiones en la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) garantizaron una oferta energética abundante y asequible. Esta infraestructura no solo impulsó la naciente industria, sino que también mejoró sustancialmente la calidad de vida, demostrando cómo la rectoría estatal en sectores estratégicos puede ser un motor eficiente de desarrollo y bienestar.

Ahora, con la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum de los "Polos de Desarrollo", México tiene la oportunidad de capitalizar estas valiosas lecciones históricas. Este modelo, al buscar detonar el crecimiento en nuevas regiones del país, aborda directamente la heterogeneidad estructural persistente, llevando infraestructura e inversión a zonas tradicionalmente rezagadas. Para que los "Polos de Desarrollo" se conviertan en un segundo "Milagro Mexicano", es imperativo que la participación rectora del Estado sea tan efectiva y estratégica como lo fue en el pasado, priorizando un fomento decidido y planificado al desarrollo del sector eléctrico. Esto significa que la CFE, con inversión y capacidad de gestión, debe proveer la energía indispensable para la industrialización de estos nuevos polos, en especial considerando el avance de la Inteligencia Artificial, como una tecnología disruptiva que va a crear ajustes, precisamente en la distribución de ventajas competitivas. 

Para que los "Polos de Desarrollo" logren consolidarse verdaderamente y considerando que la CFE ya no cuenta con las mismas condiciones de inversión que tuvo en el pasado y el considerable rezago en infraestructura, será fundamental que esta inversión se realice en conjunto con el sector privado. Dada la complejidad y la acelerada evolución tecnológica del ámbito energético, el sector privado es a menudo detentor de la tecnología de punta necesaria para la modernización y expansión eficiente de la infraestructura. Además, cuenta con un mayor alcance a fuentes de financiamiento globales y diversas, lo cual es crítico para cubrir el considerable rezago en inversión que el sector ha acumulado, en especial en áreas vitales como las líneas de transmisión. Esta colaboración público-privada es esencial no solo para evitar un endeudamiento insostenible del Estado, sino también para abordar de manera efectiva la baja intensidad energética e informática que caracteriza a las zonas de menor desarrollo económico.

La inversión privada puede acelerar la provisión de energía y conectividad digital en estas regiones, elevando su consumo eléctrico per cápita y su acceso a la información, elementos cruciales para la modernización y la integración a la economía nacional. Las economías industrializadas son productoras de riqueza y, por tanto, son altamente demandantes de suministro eléctrico, incentivando naturalmente el establecimiento de plantas de generación local. Por ejemplo, los centros de datos, esenciales para el avance de la inteligencia artificial y la economía digital, se estima que aumentarán la demanda de electricidad globalmente entre un 50% y un 100% para 2026-2030, lo que subraya la urgencia de expandir la infraestructura eléctrica. Sin embargo, las zonas de bajo desarrollo económico suelen ser solo receptoras de electricidad a través de líneas de transmisión. En contraste, la inversión privada, guiada por una planeación pública adecuada, puede impulsar la generación local y la infraestructura digital que incremente significativamente tanto su intensidad energética como su intensidad informática.

Es importante reconocer que, si bien conceptos como la "relocalización" y el "nearshoring" dominan hoy la conversación económica global, no son fenómenos enteramente nuevos. La idea de acercar las cadenas de suministro a los mercados finales ha existido en diversas formas a lo largo de la historia. No obstante, el momento actual sí representa una oportunidad única y de gran magnitud para México, impulsada por factores geopolíticos y económicos sin precedentes, tales como la reconfiguración de las cadenas de suministro globales post-pandemia, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la búsqueda de mayor resiliencia y seguridad en las cadenas de valor, y la cercanía geográfica de México al mercado estadounidense. Si se aprovecha esta coyuntura generando las condiciones adecuadas de certeza jurídica, infraestructura y una visión estratégica de desarrollo, la participación de la inversión privada, ya sea directamente o en conjunto con el Estado, puede ser el detonante definitivo para un crecimiento económico sostenido y un desarrollo integral del país.

Aquí, es fundamental recordar experiencias pasadas exitosas, como el uso eficiente de los PIDIREGAS (Proyectos de Inversión Diferida en el Registro del Gasto). Este esquema de financiamiento permitió a entidades del sector público, como la propia CFE, desarrollar proyectos de infraestructura a gran escala con financiamiento de terceros, conservando la propiedad de los mismos y difiriendo su impacto en la deuda pública hasta que los proyectos estuvieran operando y generando ingresos propios. Iniciativas de este tipo, que permiten apalancar capital privado y tecnología sin comprometer de inmediato las finanzas públicas, serían sumamente propicias y eficientes para el desarrollo acelerado de la infraestructura que nuestro país requiere para sus "Polos de Desarrollo", en especial al canalizar eficientemente estos flujos de capital y tecnología hacia sectores clave como el energético.

La trayectoria económica de México, como la de muchas naciones, puede interpretarse a menudo a través de la teoría del péndulo económico: un constante vaivén entre enfoques de mayor intervención estatal y aquellos que favorecen la apertura y el mercado. En México, se podría argumentar que el "Desarrollo Estabilizador" representó un punto de equilibrio que, tras sus éxitos iniciales, se desequilibró debido a un aumento insostenible del gasto público, un crecimiento de la deuda externa y la incapacidad de la ISI para generar suficientes divisas y empleo más allá de ciertas etapas, llevando a nuevos ciclos de mayor apertura o un renovado intervencionismo en diferentes momentos. La propuesta de los "Polos de Desarrollo" de la Presidenta Sheinbaum, respaldada por la visión de un Estado rector pero con la incorporación estratégica de la inversión privada, representa una oportunidad para encontrar un nuevo punto de equilibrio. Si esta propuesta logra tomar en cuenta y replicar modelos financieros exitosos probados, como los PIDIREGAS y asociaciones público-privadas, así como garantizar las condiciones que generen certidumbre económica a los inversionistas y atraigan el capital necesario, aspiraría a trascender las oscilaciones del péndulo, apuntando a un crecimiento que combine la disciplina fiscal con la inversión proactiva en infraestructura y el fortalecimiento de sectores clave, como el eléctrico. Al hacerlo, México podría, de hecho, configurar un "segundo Milagro Mexicano", cimentado en un desarrollo más inclusivo y sostenible que aproveche tanto las capacidades públicas como las privadas.

Shirley Wagner inició su trayectoria en el sector energético hace 27 años al ingresar a la Comisión Reguladora de Energía, en la Unidad de permisos de gas,petrolíferos y electricidad. Tiempo después en el año 2000 colaboró como asesora del Subsecretario de Electricidad, para luego asumir el cargo dentro de la misma Secretaría como Directora de Cooperación Internacional, permitiéndole
obtener experiencia regulatoria en los diferentes mercados energéticos a nivel
internacional.

Desde el 2018 ha colaborado como directora jurídica en diferentes empresas en el sector energético con presencia internacional, entre ellas, Acciona Energía México, Tesla, Energía del Valle de México y AES México. Cuenta en su haber con experiencia en el financiamiento de proyectos de energía renovables y convencionales que en su conjunto suman 1,506 MW.

Ha dirigido operaciones de Fusión y Adquisiciones de proyectos de generación eléctrica por 718 MW y desde el área legal y regulatoria ha dirigido la construcción de centrales eléctricas tanto de fuentes renovables como convencionales por 1,750 MW.

Actualmente, es representante en México Synergy Consulting, empresa líder global en asesoría financiera y desarrollo de proyectos de energía e infraestructura y consejera de la asociación civil Sostenibilidad Global, en donde se enfoca en impulsar proyectos de energías limpias, desarrollo sostenible y electromovilidad, con enfoque en comunidades desfavorecidas y de género.

Es egresada como Licenciada en Derecho de la Universidad Iberoamericana, cuenta con una Maestría en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Anáhuac, así como diversos diplomados, seminarios y especialidades que suman a su experiencia. Ha colaborado con artículos en Energía Hoy y Escala Legal.

Es Consejera de "Voz Experta" y el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en México. Ha participado en el Consejo de la Asociación Mexicana de Energía y en el Comité de Energía de la Barra Mexicana de Abogados. En 2022, recibió el premio "Mujeres en el Frente" por su carrera jurídica en el sector energético y ha sido reconocida como una de las "Abogadas Más Influyentes de México" para 2024. También fue reconocida este año en el Women Sustainability and EnergySum mit por su trayectoria y participó como ponente invitada por el Banco Mundial en la COP29, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, para compartir su experiencia en el desarrollo de proyectos de electromovilidad y generación de energías limpias.