Al concluir la carrera de Derecho en la UANL, tuve la oportunidad de realizar mi servicio social en el área de posgrado. Gracias a ello, fui testigo de primera mano del lanzamiento de la primera Maestría en Derecho Energético en el país. Asistir a los congresos me permitió decidir especializarme en esta materia, pues el cambio estructural derivado de la Reforma Energética de 2013 me dio la impresión de que se abría ante mis ojos un territorio virgen.

Me cuesta pensar que ya han pasado más de diez años desde aquel “hito histórico”. Hacer un recuento de todo lo sucedido en el sector, hasta llegar a una nueva reforma energética, me hace sentir atrapada en un bucle sin tiempo ni espacio.

Quizá era la ingenuidad de mi juventud en ese entonces, pero llegué a pensar que México podía convertirse en una potencia energética gracias a su potencial en energías renovables. Fantaseaba con que mi país tuviera ciudades inteligentes, capaces de mejorar la calidad de vida mediante una matriz energética diversa, eficiente y asequible. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para alcanzar ese sueño utópico.

En los últimos años, los cambios regulatorios y la suspensión de subastas desaceleraron la inversión y el despliegue de renovables en México. Actualmente, el país enfrenta grandes desafíos en su transición energética, marcada por alta dependencia de combustibles fósiles, un estancamiento en el despliegue de energías limpias y un entorno regulatorio incierto para la inversión privada.



Por otro lado, la realidad global no dista mucho de la nacional, pues existen fuertes indicios de que la transición energética se está ralentizando debido a mayores costos de capital, tasas de interés más altas y un entorno regulatorio cambiante, afectando los plazos de proyectos de transición tanto para inversores como para productores de energía.

La seguridad energética se ha convertido en un tema prioritario para los gobiernos globales. El aumento en los costos para los consumidores, junto con la preocupación por cortes de energía en picos de demanda y caídas de tensión por una red sobrecargada, ha impulsado el uso de gas en picos de demanda, la prolongación de la vida útil de plantas de carbón y gas, y mayores inversiones en petróleo y gas.

En México, la fuerte dependencia del gas importado de EE. UU. (75% de la generación eléctrica en 2024) representa un riesgo ante shocks externos. En un país privilegiado en recursos naturales, la clave para la seguridad energética es promover proyectos de transición y diversificar la matriz energética.

En un entorno macroeconómico complejo, se define con mayor claridad entre “tecnologías ganadoras y perdedoras” en el sector, facilitando decisiones de inversión y planificación tecnológica en los planes de descarbonización. Tecnologías como la eólica, el hidrógeno verde y la captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS) son viables técnicamente, pero carecen del respaldo regulatorio y de costos necesarios para tener éxito en el mercado, sin olvidar un pequeño acto de fe por parte de los primeros usuarios, quienes desconocen cuánto tiempo tendrán que pagar las primas previas a la escala.

En contraste, la solar y el almacenamiento en baterías han reducido sus costos drásticamente a medida que se acercan a la escala, impulsando una mayor adopción por parte de los consumidores de energía. En ese dentido, los costos de consumo de energía solar se han reducido un 83 % desde 2009 y los costos de almacenamiento en baterías han disminuido un 65 % desde 2017. 

Se proyecta que en la próxima década la solar y la eólica liderarán la matriz global, apoyadas por almacenamiento, redes inteligentes y, progresivamente, tecnologías emergentes como el hidrógeno renovable y la captura de carbono para sectores difíciles de abatir. El éxito de estas tecnologías dependerá tanto de la innovación técnica como del entorno regulatorio, los mecanismos de financiamiento y la coordinación de políticas industriales orientadas a la descarbonización.

Durante la administración anterior, México no alcanzó la meta legal de generar 35 % de energía limpia en 2024 y se quedó en torno al 24 %. Es innegable que la demanda energética seguirá creciendo, impulsada por factores como el aumento poblacional, el desarrollo industrial y los avances tecnológicos —por ejemplo, la inteligencia artificial y la expansión de los centros de datos—. Por ello, además de contar con señales de política claras, el país necesita modernizar la red eléctrica y establecer mecanismos de mercado competitivos que movilicen inversiones y permitan cumplir los objetivos de energía limpia, seguridad y asequibilidad. Sin un cambio sustantivo en la política energética, los mecanismos de mercado y la expansión de la infraestructura, México corre el riesgo de quedarse rezagado frente a sus pares regionales y globales en materia de transición energética, sostenibilidad y competitividad industrial.

Estefanía Rodriguez egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León se ha desempeñado tanto en el sector público como privado en temas de hidrocarburos y energía renovable, actualmente realiza el análisis y gestión de capital intelectual para el desarrollo de negocios de la práctica de Energía y Recursos Naturales en Oliver Wyman.